La imagen que muestra la puerta principal de la planta de purines de Altorricón, propiedad del Grupo Guascar (Dresser Rand), es paradigma de las miles de empresas que han tenido que poner punto y final a su actividad en el último lustro en España; movimiento cero, puerta cerrada y un solo coche en su zona de aparcamiento, en este caso, perteneciente al guardia de seguridad que ronda en el interior. El cierre que nos ocupa se ha llevado por delante el trabajo diario de veinte personas (actualmente inmersas en un expediente de regulación de empleo con expectativas poco halagüeñas), además de sumar una inesperada problemática a las explotaciones de porcino y a la sostenibilidad medioambiental ¿La explicación? Las plantas de cogeneración y tratamiento de purines echaban el cierre temporal, hace cuatro meses, como protesta ante la reforma energética, que les recortaba hasta en un 40% las ayudas que recibían. Estas plantas, encargadas de reducir casi una tercera parte de todos los residuos que generan las explotaciones porcinas controlando así el impacto medioambiental, consideraban que sin las ayudas su viabilidad quedaba en el aire. Un órdago mantenido durante todo este tiempo que, sin embargo, no ha conseguido que el Ministerio de Industria matizara su reforma, lo que ha procurado que la planta de Altorricón se encuentre inoperativa a la espera de la decisión final que tome la propia empresa sobre el futuro de la misma, mientras que de las tres plantas restantes que hay en Aragón (todas en la provincia de Huesca), dos se hayan cerradas definitivamente, y la tercera viva una situación similar a la de Altorricón.
La planta literana llevaba desde el año 2001 gestionando unas 100.000 toneladas de purines al año, llegadas desde ochenta explotaciones del entorno, de las cuales se extraían 5.000 toneladas de fertilizante, además de contribuir al cumplimiento de la normativa europea que regula el uso excesivo de estos residuos como abono, evitando las posibles contaminaciones de aguas subterráneas. Ahora, las explotaciones que trasladaban sus excedentes de purines a la planta de Altorricón están viendo como sus balsas de almacenamiento están saturadas, debiendo buscar salidas de urgencia que pasan por planificar un sistema de reparto rotativo entre los campos aledaños que asegure que nunca se sobrepasan los límites medioambientales, y que escape al traslado de esos purines a extensiones agrícolas más alejadas al no ser, económicamente, sostenible. Incluso, estudian la ampliación de las balsas de almacenamiento que tiene cada granja.
Sobre toda esta compleja situación que vive el sector porcino, y las plantas de purines, con sus trabajadores al frente, asoma una lamentable planificación en materia energética por parte del Gobierno de España, que hace ahora diez años impulsó una política de ayudas a este tipo de plantas de cogeneración y tratamiento de purines, y que en esto momentos las deja en un estado de inviabilidad que las aboca al cierre. La gota que colma el vaso de la improvisación se puede comprobar en las cuatro plantas de carácter público y financiadas por el Gobierno de Aragón (GA), que una vez construidas, y visto el panorama, no saben como iniciar la actividad; es el caso de Zaidín, Capella, Valderrobres y Peñarroya de Tastavins. Treinta millones de euros que siguen esperando. El GA ha pospuesto la apertura de las dos plantas oscenses para el próximo año, cuestión que habrá que confirmar llegado el momento. Mientras, el ejecutivo aragonés, junto a otras comunidades autónomas, ha solicitado al Ministerio de Industria una moratoria en la aplicación de la nueva normativa, con el objeto de darle tiempo al sector para buscar nuevas formas de viabilidad.
Foto: Imagen de la entrada a la planta de Altorricón
